Por Alfredo Schclarek Curutchet (Profesor Asociado UNC e Investigador Independiente CONICET)
El gobierno nacional ha hecho un ajuste presupuestario muy importante sobre las universidades públicas nacionales durante el 2024, lo cual ha generado un deterioro muy importante en el poder adquisitivo de los salarios de los docentes y no docentes que trabajan en las universidades nacionales.
Según el Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario de ADIUC, el poder adquisitivo del salario docente ha caído aproximadamente 22% entre noviembre 2023 y octubre 2024. Para recuperar el poder adquisitivo del salario de noviembre 2023, el salario nominal en noviembre 2024 debería aumentar 32%.[1]
Este brutal ajuste sobre el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios es mayor aun para los docentes pre-universitarios (Escuelas Manuel Belgrano y Montserrat) ya que el gobierno nacional también les quitó el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Por lo tanto, el poder adquisitivo del salario docente pre-universitario ha caído aproximadamente 27% entre noviembre 2023 y octubre 2024. Para recuperar el poder adquisitivo del salario de noviembre 2023, el salario nominal en noviembre 2024 debería aumentar 41%.[2]
La caída del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales se debe a que los aumentos de los salarios nominales han sido inferiores a la inflación. Según el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los salarios nominales aumentaron acumuladamente 89,42% al mismo tiempo que la inflación acumulada fue de 152,54%.[3]
Cabe recordar, que los salarios docentes ya habían sufrido un fuerte deterioro con anterioridad, y en especial durante el gobierno del expresidente Macri. Durante su gestión, el poder adquisitivo del salario docente cayó aproximadamente 27,5%, según el Observatorio de Salario y Presupuesto Universitario de ADIUC.[4] Por lo tanto, desde noviembre 2015 a octubre 2024, la caída del poder adquisitivo del salario docente ha sido del 45%, es decir el poder adquisitivo del salario docente cayo a casi la mitad. Para recuperar el poder adquisitivo del salario de noviembre 2015, el salario nominal en noviembre 2024 debería aumentar 83%.
Por otro lado, cabe aclarar que el 91% del presupuesto universitario se destina a sueldos de docentes y no docentes. Solo el 9% del presupuesto universitario se destina para gastos de funcionamiento (electricidad, gas, agua, limpieza, seguridad, etc.). Es por ello, que a pesar que el gobierno nacional le otorgara en mayo de 2024 un aumento de 270% para para las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, el ajuste de los salarios y el presupuesto universitario continuó ininterrumpidamente.
Además, según el Indec, la inflación acumulada desde noviembre 2023 a septiembre 2024 ha sido de 153%, mientras que los precios de los servicios públicos (Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles) subieron 242%. Al mismo tiempo, los salarios docentes subieron 89,42%, según el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria. Esto estaría demostrando que el gobierno, al dar un aumento de 270% únicamente para gastos de funcionamiento, ha priorizado que las universidades nacionales le puedan pagar a las empresas proveedores de servicios públicos, muchas de ellas privadas, mientras que no priorizó a los docentes y no docentes universitarios.
La Ley de Financiamiento Universitario, que fuera votado en septiembre de 2024, venía a solucionar en parte el ajuste salarial descrito en este informe. Planteaba actualizar los salarios para que recuperaran su poder adquisitivo al 1 de diciembre de 2023, y luego actualizarse al ritmo de la inflación (notar que no solucionaba el ajuste salarial que se había dado durante la gestión de Macri). Por ello, el veto de esta ley, y la posterior ratificación de este veto, es el responsable de perpetuar el ajuste presupuestario a las universidades nacionales y fomentar la destrucción del sistema científico nacional. Claramente un atentado contra los derechos humanos y el derecho constitucional a la educación.
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